MOVIMIENTO PROYECTO SUR BERISSO

EL 82 % MOVIL ES POSIBLE

El Diputado Nacional del Movimiento
Proyecto Claudio Lozano, economista de la
CTA y referente del movimiento aportó en
esta nota una cantidad importante de
afirmarciones esclarecedoras sobre el 82%
móvil, “Lo primero que hay que entender es
que el sistema previsional es el resultado del
país que uno tiene. Si uno tiene una Nación
donde los trabajadores ganan mal, es muy
difícil que los jubilados puedan tener haberes
jubilatorios razonables. Y la verdad es que
hoy en la Argentina el ingreso promedio de
los trabajadores está en el orden de los 1700,
1800 pesos. Es muy difícil que con ese ingreso
uno pueda garantizar haberes jubilatorios
como la gente. Entonces lo que uno tiene que
hacer hoy es discutir estrategias inmediatas
para resolver la urgencia social, poner en
marcha un sistema previsional que se haga
cargo de esta realidad que tenemos hoy, que
es un mundo en donde el 55% de los trabajadores
están afuera del sector formal. Hay que
realizar estas modificaciones, en una nueva
estrategia de país, que nos devuelva un perfil
de desarrollo diferente”.
Consultado sobre las urgencias Lozano
dijo “la urgencia es que en la Argentina
tenemos hoy 5 millones de personas que
dependen del sistema previsional y están
ganando en su gran mayoría( 8 de cada 10)
entre 690 y 890 pesos. Los de 890 pesos se
van a ir ahora en septiembre a 1041 con el
último aumento del gobierno. Las necesidades
de un jubilado, en términos individuales,
en esta Argentina supera los 2000 pesos; acá
hay una brecha social que hay que resolver”.
Interrogado sobre la forma de realizar esta
justa propuesta, el Diputado continuó “Consecuentemente
no hay ninguna razón para no
reponer las contribuciones patronales a los
valores que tenía cuando Cavallo y compañía
redujeron a la mitad este tributo. Se puede
hacer de manera progresiva, no hacerlo de
manera abrupta, hay que salvaguardar a las
Pymes para que no tengan problemas, pero
ahí hay 21.000 millones de pesos de financiamiento
genuino que el sistema previsional
debiera recuperar. Con esas dos cuestiones,
que los recursos de la Anses tengan por
destino prioritario las jubilaciones y que
repongamos las contribuciones estamos en
capacidad de avanzar inmediatamente para
resolver la urgencia”.
Sobre las reformas del sistema previsional
afirmó, “debiéramos discutir una reforma
previsional, esta debería pensarse en términos
de tres grandes pilares. Un primer pilar es
que el Estado debe garantizar con recursos
propios que toda persona que llegue a los 60
o a los 65 años, aunque no haya aportado
todo lo que tenía que aportar, pueda tener
una jubilación. Es decir, hay que establecer
una jubilación universal, para que de manera
automática la persona que llegue a los 60 o 65
años tenga una jubilación que equivalga al
80% del haber mínimo. En segundo lugar
necesitamos establecer un sistema entre
aquellos que efectivamente aportaron,
estableciendo que los aportes tengan la
retribución que les corresponde. Sería un
sistema contributivo como segundo pilar de
la reforma previsional que hay que encarar. Y
hay que dejar un tercer pilar que debe estar
regulado, pero que es optativo e individual,
para que aquel que tenga recursos adicionales
y quiera abrir una cuenta en la que quiera
capitalizar para su futura vejez pueda también
hacerlo. Es una combinación entre asignación
universal, sistema de reparto intergeneracional
por vía contributiva para quienes
aportaron y capitalización individual de
carácter voluntario y optativo. En donde
incluso pueda participar no sólo los bancos
sino otro tipo de instituciones, cajas complementarias
organizadas por las asociaciones de
trabajadores, mutuales. Digamos que no
solamente sea una cuestión que esté ligada a
la operatoria del sistema bancario. Con la
debida regulación pública para que efectivamente
no existan allí manejos turbios. Este
sería de alguna manera el diseño de sistema al
que nosotros estamos apuntando para hacernos
cargo de una realidad que sino no se
resuelve, que hoy hay una parte muy importante
de la población trabajadora que efectivamente
no está aportando. Y que de alguna
manera incuba una bomba previsional pues
tenemos 16.900.000 personas que constituyen
la población económicamente activa, es
decir, que están en edad de trabajar o que
trabajan, y de esos aportan sólo 8.200.000. El
52% no aporta. Entonces por eso necesitamos
un plan universal donde el Estado se
haga cargo de aquellos que efectivamente no
van a tener aportes suficientes para poder
jubilarse. Y al mismo tiempo que eso no caiga
sobre las espaldas de aquellos que efectivamente
si aportaron”.
Democratizar la Anses es una de las Prioridades
y sobre ello concluyó “este organismo
que administra los recursos, que tienen por
finalidad las cuestiones previsionales ,no
tiene que ser gobernado por el presidente de
la nación. Porque esto genera una situación
donde rápidamente cualquier excedente que
se da con estos recursos, existe la tentación
para cualquier gestión gubernamental,
incluso con la mejor de las intenciones, para
utilizarlos con otros fines. Por lo tanto, lo
que estamos planteando es que hay que
democratizar esta institución denominada
Anses. , hay que ver cuantos recursos aporta
el Estado para la cuestión previsional,
cuantos recursos aportan los patrones vía
contribuciones patronales, los trabajadores
vía aportes y además tenemos a los jubilados
que son los que cobran de estos recursos.
Consecuentemente para nosotros tiene que
haber un consejo directivo de esa institución,
integrado por el Estado, los patrones, los
trabajadores y los jubilados. Estos al ser
quienes aportan y quienes son beneficiarios
permiten un grado de control sobre los
recursos distinto al que tenemos hoy cuando
esta institución está subordinada al presidente
de la nación o a quien administra las
cuentas públicas del Estado de la administración
central. Ese criterio, de un organismo
con autonomía y democratizado nos parece
esencial como una reforma institucional que
debe ser parte de nuestra propuesta de
reorganización del sistema provisional”.
En cuanto al proyecto que se elevó a
Senadores Claudio Lozano sintetizó “Lo
que llegó a senadores es una buena propuesta
en términos de lo que hay que hacer, en
término de lo que hay que darle a los jubilados,
que incluye colocar el 82% del salario
mínimo como haber mínimo, recomponer
los haberes en base a los fallos de la corte y
modifica el tema de la movilidad para que de
acá en más los haberes jubilatorios se actualicen
en base a los aumentos salariales. Todo
eso es lo que establece, lo que salió de Diputados.
En términos de requerimiento para lo
que deben recibir los jubilados hoy está bien.
El punto flojo que tiene el proyecto es que si
bien incorporaron una parte de lo que
nosotros proponíamos como recursos para
financiar, esto que es los recursos de la Anses,
eso fue incorporado, no incorporaron la
propuesta nuestra de restituir las contribuciones
patronales. Con lo cual, desde nuestro
punto de vista, se le otorgó al gobierno
nacional una excusa para decir que no puede
pagarlo”.
POR ESTEBAN VACCARO

Cuando hablan sobre el problema del campo desde los partidos tradicionales del bipartidismo se refieren fundamentalmente al tema de las retenciones, y en especial al tema de las retenciones a la soja. Seamos claros, ni el gobierno, ni la oposición que es parte del bipartidismo, ni el conglomerado de las patronales del campo han llevado adelante la batalla del 2008 y sus secuencias por otro motivo que no sea la apropiación de las divisas que generó y genera el bendito poroto.
Porque seamos serios, en el campo abundan los problemas, según el Censo Nacional Agropecuario 2008 la cantidad de explotaciones agropecuarias es de 276.581, esto significa 56.951 menos que en 2002 (-17%) y 144.640 por debajo de 1988 (-34,3%), pensemos que en 1966 en la Argentina había más de 600.000. O Dichos con otras palabras durante el período Kirchnerista se profundizó el proceso de concentración de la tierra que permitió a la oligarquía terrateniente aumentar su poder de presión en la discusiones sobre le tema. Como información vale decir que alrededor de 6900 propietarios ( familias o empresas) son dueñas de cerca del 50% de la superficie productiva del país. Habría que preguntarle a Lucy de Cornelys ( la productora rural que fundó el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha en el años 1995 para evitar los remates de los pequeños y medianos productores, recordada por entonar el Himno nacional como elemento de lucha contra los remates ), decía que habría que preguntarle si la SRA, CRA, CARBAP o FAA lucharon junto a ella. No podemos confundirnos, la lucha es por la renta.
En este punto es necesario recordar que Felipe Solá en 1995 como Secretario de Agricultura de Menén autorizó la liberación en la Argentina del Soja transgénica, sin que se hiciera ningún estudio que avalará su uso y propiciando el modelo de monocultivo al que nos encaminamos sin que el gobierno tome medidas de fondo.
Lo mismo sucede si nos fijamos en el grave problema que existe con la escasez de cabezas de ganado para consumo ( se pasó de 58.2 millones de cabeza en el 2007 a 53.8 en el año 2009) se espera que este año terminé en alrededor de 50 millones de cabeza de ganado, a esto debe agregarse un tema no menor que es del mercado de carne cerca del 65% del consumo nacional proviene de carne engordada a corral, sistema que está subsidiado para hacerlo rentable.
Otro tema es el cierre masivo de tambos o la perdida porcentual de hectáreas sembradas con sorgo, trigo o maíz, o cuando desaparecen amplias zonas que antes eran destinadas a frutales, o cuando vemos los desmontes que generan “nuevas tierras” para el cultivo del poroto a costa de otros emprendimientos y de la cultura de los pueblos originarios o porque no, cuando vemos que invade regiones que hasta hace poco eran hostiles a su siembra como las zonas aledañas al Río de La Plata hacía el sur de la capital provincial, lo que vemos en esos momentos es que la disputa gobierno versus campo, no encierra una discusión política sobre transformaciones de fondo del sistema agropecuario sino una disputa por la renta extraordinaria que genera en determinados momentos la actividad.
Pero aquellos que buscamos profundizar la lucha hacía una patria soberana no podemos ser cómplices en esta discusión ni contentarnos sólo con el “derrame” que pregonan desde el oficialismo, como si la teoría del “derrame” pudiera entenderse como el camino a la justicia social.
Cuando hablamos de un país dependiente debemos tomar en cuenta
a) la relación y el tipo de vínculo de nuestra economía con el sistema económico internacional y
b) la orientación, los intereses y las capacidades de los distintos agentes económicos, políticos y sociales de nuestro país.
Para ello el tema del campo resulta un buen ejemplo ya que nos permite decir (sintetizando mucho el conjunto de factores que convergen):
-producimos lo que otros necesitan (materias primas)
-como otros necesitan (glifosato, desmonte, pooles de siembra, el campo sin habitantes ni trabajadores, etc)
-dejando de lado lo que necesita nuestro pueblo (sustitución de los cultivos que consumimos por lo que exportamos, concentración de la tierra, perdida de miles de pequeños productores)
-a cambio compramos a nuestros “compradores” elementos industrializados que podríamos elaborar en nuestro país, generando cientos de puestos genuinos de trabajo (compra del material ferroviario a China en vez de invertir en el desarrollo nacional).

Mientras esto sucede día a día, “la lucha” política en la argentina bipartidista pasa por “las retenciones”, los agentes políticos (FPV, CC; UCR, PJ disidente), mediáticos (oficialistas y opositores), y económicos (SRA, CRA, FAA) participan de esta discusión como si fuera la madre de las batallas, arrastrando a sectores sociales a tomar parte de uno u otro bando, cuando en realidad pelean por ver quien se lleva “lo que queda”. Será el gobierno, serán (como en la 125) las agroexportadoras o los grandes capitales agropecuarios (el 8% de los productores representa el 80 % de las retenciones a la soja).

Tenemos que impulsar la discusión de la urgente necesidad de un Plan Agrario Nacional: que garantice la autosuficiencia alimentaria para lograr la soberanía alimentaria a través de un plan que implique la diversidad agropecuaria, que impulse la vuelta de los más de 100.000 pequeños productores que vendieron sus campos en la ultima década a favor de los inversores sojeros, es necesario dar créditos para que las familias productoras puedan reinsertarse en el ciclo económico; es imperioso el control público sobre los puertos y que el comercio exterior debe ser responsabilidad del estado, ya sea refundado la Junta Nacional de Granos o una entidad a crear para tal fin; es hora de prohibir la utilización de productos nocivos para el medioambiente y la salud humana; dicha ley nunca sería nacional si no restituyera sus derechos a los pueblos originarios. Obviamente que dada la dependencia de nuestra economía de la producido por la soja, habrá que ir saliendo gradualmente de esta situación para no desfinanciar el estado.

El tema del campo nos sirve para seguir viendo como algunos disputan la administración de este modelo y otros queremos cambiar la historia.

Juan Marcos Palma